En la sesión del 26 de febrero pasado, el Consejo Superior de la Universidad, trató y aprobó mediante la resolución 002/2026, la ratificación de la vigencia de la emergencia presupuestaria y salarial declarada por Resolución C.S. N°6/2024 y N°123/2024 y manifestar el apoyo y reconocimiento incondicional a la aplicación de la Ley N°27.795 LEY DE FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA Y RECOMPOSICIÓN DEL SALARIO DOCENTE y NODOCENTE.
Entre los considerandos de la resolución, se menciona la solicitud por parte de los gremios docente (ADUNIPE) Y nodocente (ATUNIPE) de ratificar y reconocer lo finalmente dictaminado y que la Ley N°27.795 de Financiamiento Universitario sancionada fue una respuesta institucional del Congreso de la Nación para garantizar condiciones mínimas de sostenibilidad del sistema universitario, estableciendo obligaciones claras en materia de recomposición salarial, actualización presupuestaria y financiamiento de las universidades. Además, que hasta el momento, la misma no ha sido cumplida y se han desconocido los fallos judiciales asociados a la misma, agravando el escenario de incertidumbre y generando un impacto en las condiciones de trabajo de las y los trabajadores universitarios docentes y Nodocentes; y en consecuencia limitando a la UNIVERSIDAD en su capacidad de sostener sus actividades académicas, científicas, de extensión y bienestar como lo son las becas dirigidas a estudiantes hoy reducidas en un 76%. La continuidad de esta situación no hace más que agravar la situación recién descripta.
Por último, que el Consejo Superior se manifiesta por la inmediata aplicación plena de la Ley N°27.795 y en contra de toda reforma de la misma que implique una reducción y/o eliminación de los conceptos establecidos en dicha Ley.