La agenda educativa argentina incluye a la formación de los docentes como una actividad de incidencia decisiva en el avance del sistema escolar. Discursivamente su centralidad es reconocida y aun en un marco de disidencias políticas y conceptuales sobre los sentidos y contenidos de dicha formación, se le asigna un valor de preeminencia por sobre otros componentes de una política educativa. Los hechos derivados de estos discursos, no siempre reafirman este acuerdo tácito, en particular, cuando se trata de las decisiones referidas a la formación continua y a su impacto en las prácticas de enseñanza o de gestión. Tal vez la mayor dificultad radique en vincular de manera efectiva los para qué y los cómo de la formación continua, con las escuelas. La vigente Ley de Educación Nacional articula ese vínculo poniendo en valor la formación en servicio: establece la posibilidad de formarse en los espacios laborales junto a los pares revisando el hacer cotidiano, y responsabiliza al Estado en la generación de condiciones para que esto ocurra de la manera más potente posible. (...)
